Crecimiento económico en contextos adversos: una aproximación diagnóstica frente al paro.

Con Decreto Ejecutivo 126 del 12 de septiembre de 2025, se estableció el incremento en el precio del galón de diésel premium para el segmento automotor a USD 2.80 a nivel de surtidor, que se mantendrá fijo hasta el 11 de diciembre del presente año. En lo posterior, se aplicará el mecanismo de estabilización de precios (Se aplicarán aumentos mensuales dentro de una banda de fluctuación, por lo que, el día 12 de cada mes, el precio del combustible se actualizará, tomando como referencia el precio internacional del derivado marcador ajustado por la calidad y los costos operativos. Los detalles del cálculo están disponibles en el referido Decreto Ejecutivo). Esta medida busca reducir las distorsiones económicas y distributivas generadas por el subsidio al diésel y continuar con la política de reducción progresiva del gasto en subsidios para redirigir esos recursos al sector social. Como respuesta inmediata a la disminución del subsidio, la CONAIE convocó a un paro nacional el 22 de septiembre. Tras 23 días de movilizaciones e incidentes focalizados en la provincia de Imbabura y algunos puntos aislados de la Sierra, el 15 de octubre, luego de un diálogo entre el gobierno y los líderes indígenas, en principio se alcanzó un acuerdo para levantar el paro e instalar asambleas permanentes para discutir y analizar los diferentes planteamientos de las comunidades. En este contexto, se considera pertinente examinar los efectos iniciales de esta medida sobre la actividad económica y el nivel general de precios.

Durante los 23 días de paralización de actividades en la provincia de Imbabura, se generó una pérdida económica de alrededor de USD 120 millones

La paralización de actividades en Imbabura generó cierres forzados de comercios minoristas, bloqueos viales y la imposibilidad de comercializar bienes y servicios. De acuerdo a varios gremios productivos, las pérdidas acumuladas hasta mediados de octubre oscilan entre 100 y 120 millones de dólares (alrededor de USD 7 millones diarios), afectando principalmente a sectores del comercio, la floricultura, el lácteo y el turismo. Estas estimaciones del perjuicio económico varían según las fuentes y por ahora deberán tomarse como referenciales. 

Hay que tener en cuenta que en los dos primeros trimestres del año, la economía ecuatoriana venía recuperándose, con tasas de crecimiento interanual de 3,4% y 4,3%, respectivamente; además, varios indicadores, como las ventas, las exportaciones y el crédito se presentaban al alza, por lo que la previsión oficial de crecimiento del año 2025 se estableció en 3,8%. En este contexto, el valor preliminar estimado de las pérdidas representa una menor afectación en comparación con paros anteriores, como el de junio de 2022 que duró 18 días y fue a nivel nacional, costándole al país USD 1,115 millones, equivalentes a USD 60-70 millones por día. El impacto económico en la provincia de Imbabura será significativo; no obstante, la magnitud del impacto sobre el crecimiento económico del país solo podrá evaluarse más adelante, cuando se presente una estimación oficial de los daños y las pérdidas provocadas por esta situación.

La reducción del subsidio al diésel implicaría un incremento de alrededor de un punto porcentual a la inflación de cierre del 2025.

Se suele afirmar que la subida del precio de los combustibles conlleva un fuerte aumento en el nivel general de precios; sin embargo, eso no ocurrió en los últimos meses, a pesar de que el precio de las gasolinas extra y ecopaís se incrementó desde hace más de un año. Asimismo, la inflación mensual de septiembre (con 15 días de subida en el precio del diésel) fue de 0.08%, la tercera más baja del año corriente. Las cifras oficiales publicadas por el INEC muestran que el comportamiento moderado del crecimiento del IPC se mantiene, a pesar de que el precio del diésel subió en casi 25% respecto al precio anterior a la entrada en vigor del esquema. La variación mensual de toda la división de transporte fue de 0.39% y su incidencia en la tasa de inflación mensual fue la más alta: alcanzó el 0.047%.

Evolución de la inflación anual

Fuente: INEC

A partir de octubre se podría esperar una aceleración moderada en el ritmo de crecimiento del nivel general de precios. De acuerdo con las últimas proyecciones publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, que incorporan la revisión de los precios del diésel a partir septiembre del año 2025 (se considera un escenario referencial donde el incremento de los costos derivados del mayor precio del diésel se traslada totalmente al consumidor. Asimismo, se supone que no hay especulación ni ajustes contractuales), así como los mecanismos de compensación anunciados, se prevé que la inflación anual a diciembre llegue a 4.1%, con una tasa promedio anual de 1.3% (Ministerio de Economía y Finanzas, Programación Macroeconómica 2025-2029). Es decir que la reducción del subsidio al diésel agregaría alrededor de un punto porcentual a la inflación de cierre del 2025 y medio punto a la del año 2026.

Proyección de inflación a diciembre

Fuentes: MEF, FMI

Resulta también relevante contrastar las estimaciones oficiales con las publicadas por el Fondo Monetario Internacional - FMI. Este organismo proyectaba en abril una inflación acumulada de 3.4% a diciembre de 2025 y de 1.3% anual promedio. Las nuevas estimaciones publicadas en octubre por ese organismo, luego del aumento del precio de los combustibles, proyectan una inflación acumulada de 3.5% y de 1.1%, cifras inferiores a las del MEF, debido a diferencias metodológicas.

En coyunturas anteriores, se pudo evidenciar que este tipo de medidas no provocaron incrementos significativos y persistentes en la tasa de inflación. Si bien se puede argumentar que un crecimiento débil o una demanda interna deprimida, pueden acotar las presiones inflacionarias, los aumentos del IPC derivados de la política de estabilización de precios de los combustibles han sido transitorios y de moderada magnitud. Por ello, en una entrega anterior habíamos sugerido considerar la posibilidad de ampliar el alcance de la política de reducción de subsidios y su esquema de implementación, incorporando otros combustibles, ya que se evidenció que es posible racionalizar el gasto en subsidios, sin causar un impacto significativo en el nivel general de precios.

Estos resultados, que podrían parecer contraintuitivos, se explican por cómo funciona el mecanismo de estabilización de precios. El sistema de bandas fue diseñado para poner límites máximos a la variación del precio interno de los combustibles (5% al alza), independientemente de si el precio del petróleo se dispara en el mercado internacional. Además, la implementación de varias compensaciones monetarias focalizadas debería limitar las presiones al alza en los precios. Hay que considerar también que otras divisiones como, por ejemplo, prendas de vestir y calzado, mantienen una incidencia negativa en la inflación que compensa la presión asociada al incremento de los combustibles. De la misma manera, la trayectoria descendente prevista para el precio internacional del crudo mitigaría el aumento de los precios de los combustibles y, por ende, de toda la división de transporte.

Conclusión:

La reducción del subsidio al diésel y el ajuste de su precio a USD 2.80 por galón representan una medida importante dentro de la política de racionalización del gasto público y de estabilización económica. Aunque genere protestas y pérdidas económicas, especialmente en la provincia de Imbabura, su impacto macroeconómico general será moderado en comparación con movilizaciones anteriores. Los efectos inflacionarios se mantienen controlados gracias al mecanismo de estabilización de precios y a las compensaciones entregadas, con una proyección de incremento de alrededor de un punto porcentual en la inflación de cierre de 2025.

Este primer diagnóstico sugiere que, a pesar de la coyuntura adversa, medidas políticamente complejas como la eliminación progresiva de subsidios pueden implementarse siempre que se mantengan políticas de compensación adecuadas que mitiguen presiones inflacionarias y apoyen el crecimiento de la actividad económica. Mantener una comunicación efectiva con los sectores sociales afectados es primordial

Dirección de Análisis Económico

Grupo Economité Quito-Ecuador.

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