Romper la inercia: Estrategias de consenso para políticas públicas de largo plazo
El desarrollo de las naciones que se corresponde con el proceso de asegurar una mejora en la calidad de vida para sus ciudadanos requiere de una participación permanente y armónica entre la gestión de lo público y el impulso renovador de lo privado. El promover un diálogo permanente para identificar los principales retos socio-económicos en el país permitirá que mediante: el sacrificio de posiciones individualistas; y, la toma de decisiones de consenso en materia de política económica con incidencia en el corto, mediano y largo plazos, se mejoren las condiciones e instituciones que favorezcan o que coadyuven a alcanzar mayor crecimiento económico y una participación más equitativa de los agentes en el bienestar alcanzado. Las demandas sociales evolucionan en el tiempo y son resultado de las interrelaciones de todos los participantes dentro de la economía, estas demandas incrementan su incidencia por eventos o condiciones que pueden limitar de forma estructurada a varios sectores de la sociedad o en ocasiones a todos los integrantes en su conjunto. Recoger e incluir en la Agenda de Política la emotividad de la ciudadanía en relación a la problemática que más limita su desarrollo permitirá recuperar la legitimidad de las acciones o intervenciones públicas.
El contexto de confrontación actual limita el desplegar mecanismos para desarrollar conversaciones proactivas e inclusivas que movilicen a la sociedad para definir consensos en los objetivos y metas socio económicas para nuestro país. Por lo cual no es óptimo la generación de decisiones de política económica sin una correspondiente evaluación y socialización de los posibles resultados en la vida de los ciudadanos, adicionalmente la definición técnica de políticas públicas sin un proceso de comunicación permanente y efectivo puede carecer de apoyo y sostenibilidad política. En lo que corresponde al sector privado así como a los integrantes de la economía popular y solidaria, además de generar actividad económica que permita una razonable, eficiente y eficaz utilización de los factores productivos que diversifique y fortalezca el tejido productivo, se requiere de apertura para redefinir los esquemas de participación y cooperación en la definición, implantación y evaluación de las políticas públicas para impulsar al sistema económico y la inclusión económica. Desde lo público se debe validar las demandas sociales levantadas en conjunto con la sociedad y desde lo privado se debe percibir a la innovación en las estructuras económicas como un requisito necesario para superar el limitado crecimiento económico del Ecuador.
Transformar los espacios de disputa, en el marco de la interpretación de cuáles deberían ser las políticas comercial, fiscal y de prestación de bienes y servicios públicos como seguridad, salud o educación, en focos disruptivos para canalizar los cambios requeridos permitirá superar el mediocre rendimiento macroeconómico observado desde el año 2014, ejercicio fiscal que delimitó el macrociclo de los precios internacionales de las materias primas. Los objetivos a alcanzar deberían ser: crecimiento sostenido con una economía más diversificada y moderna; y, mejoras del bienestar, más allá de los breves picos generados por las condiciones externas positivas en los precios de las exportaciones de bienes primarios. El crecimiento promedio del Ecuador ha sido persistentemente bajo, insuficiente para cerrar significativamente la brecha con las economías desarrolladas, condición que nos imprime una dimensión de divergencia en el contexto internacional. Este estancamiento no es casualidad; es el resultado de barreras estructurales como: bajo nivel de inversión pública y privada, baja productividad, baja diversificación de la matriz productiva, dependencia del sector primario exportador, bajos niveles de innovación, estancamiento de la educación, alta informalidad económica, deficiente calidad del gasto público, entre otros.
El bajo crecimiento no solo es un resultado, sino también un motor de la inestabilidad política, al alimentar una disputa de suma cero por la distribución del escaso bienestar generado que sistemáticamente limita la concreción de una agenda pública de largo plazo. En el momento que la cantidad de bienes y servicios disponibles para cumplir con las necesidades de económicas se estanca, la política se polariza, en razón de que cualquier mejora de un sector (subsidio, aumento de salario, baja de impuestos) se percibe como una pérdida simétrica y directa para otro. Esta polarización desvía la gestión política y el debate de la crucial tarea de acordar políticas públicas pro productividad e inversión, concentrándolos en conflictos distributivos en economía relativamente pequeñas. Por otra parte, la falta de fortaleza de las instituciones en el país facilita la captura de políticas por grupos de interés, asegurando regulaciones que permitan mantener inalteradas las condiciones en los mercados, frecuentemente a expensas de la competencia y la eficiencia general de la economía. Esto conduce a: políticas públicas fragmentadas y corto placistas y posibles reversiones parciales o totales de las reformas anteriormente tomadas. Ambas condiciones generan elevados niveles de incertidumbre y limitan la capacidad de planificación financiera de los agentes económicos para el largo plazo y por tanto reducen las oportunidades de generación de innovación en la actividad económica del país, perpetuando el bajo crecimiento.
Se pueden sugerir varias ideas generales de que puede generar mayor impacto. Primero, la deficiencia en capital humano e infraestructura es un freno poderoso. A pesar de los avances en cobertura, la calidad de la educación no ha logrado dotar a la oferta laboral local de las habilidades que demanda una economía globalizada y tecnológica. Simultáneamente, escasa inversión en infraestructura —logística, energía y transporte— eleva los costos de producción y frena la competitividad regional. Esta deficiencia logística actúa como un impuesto invisible sobre las empresas, haciendo que el costo de mover bienes dentro y fuera del país sea excesivamente alto. Segundo, la debilidad institucional y la alta informalidad desincentivan la inversión productiva. La corrupción, la falta de seguridad jurídica y los cambios frecuentes en las reglas de participación generan una elevada incertidumbre para los inversionistas con horizontes de largo plazo. Esta fragilidad institucional se traduce en una proporción elevada de actividad económica informal, lo que reduce la base tributaria, limita la capacidad del Estado para financiar la inversión pública y restringe el acceso de estas unidades económicas a financiamiento y tecnología.
Respecto a las finanzas públicas, estas condiciones generan volatilidad e inestabilidad fiscal. Las caídas en los precios del petróleo así como el bajo crecimiento imponen recortes abruptos en el gasto público, o a un rápido aumento de los tributos o del endeudamiento, limitando el espacio fiscal para la inversión. Políticamente, esta dinámica incentiva el cortoplacismo. Los agentes se enfocan en capturar y distribuir las rentas petroleras o mineras para financiar promesas inmediatas y ganar/mantener popularidad, descuidando por completo la diversificación económica, el fortalecimiento institucional y la mejora de la productividad, que son las vías para un crecimiento sostenido.
Un problema circular: el estancamiento económico y un entorno de alta disputa y polarización se retroalimentan y hacen prácticamente imposible construir un consenso político sobre una agenda de política y la definición de las políticas públicas de largo plazo. Romper la trampa del bajo crecimiento no es solo un desafío técnico-económico, sino fundamentalmente un desafío político-institucional que requiere priorizar las intervenciones en productividad sobre el gasto distributivo inmediato y, sobre todo, construir acuerdos duraderos que trasciendan los ciclos políticos.
La reflexión final nos lleva a la pregunta:¿Se puede hacer todo a la vez?,nuestra historia económica reciente demuestra queNO,pero también nos ha dejado enseñanzas referentes a promover una necesaria paciencia para mantener políticas públicas enfocadas a diversificar y mejorar la matriz productiva y promover mayor inclusión económica con calidad en el gasto público. Independientemente de la imposibilidad de hacerlo todo al tiempo, por alguna arista debemos comenzar, el definirla y permanecer en ese curso afinando en la progresión en el tiempo es una alternativa para superar el estado de estancamiento económico actual.
Daniel Falconí Heredia
Docente Universitario.Gabriela Fernández Arguello
Directora de Análisis Económico Grupo Economité Quito-Ecuador.